Un juez impide que el sistema penitenciario federal traslade a tres mujeres transgénero a prisiones de hombresEricks Webs DesignEricks Webs Design

Un juez federal impedió que la administración Trump aplique su política penitenciaria antitrans contra tres mujeres transgénero actualmente alojadas en instalaciones para mujeres en prisiones federales.

El fallo de este martes del juez de distrito estadounidense Royce Lamberth representa otro revés legal para un decreto controvertido emitido por el presidente Donald Trump en su primer día en el cargo.

Entre otras cosas, el decreto de Trump exige a los funcionarios que garanticen que las mujeres transgénero detenidas en instalaciones federales sean alojadas en instalaciones para hombres y prohíbe a la Oficina de Prisiones proporcionar atención de afirmación de género a los reclusos.

Tres mujeres transgénero actualmente alojadas en instalaciones para mujeres demandaron esta política, alegando que representa una discriminación inconstitucional basada en el sexo y viola sus protecciones contra castigos crueles e inusuales “dado el grave riesgo de violencia y agresión sexual” que enfrentarán en instalaciones para hombres, dijo su abogada, Jennifer Levi, al juez durante una audiencia este martes.

En un fallo de 11 páginas en el que concede la solicitud de las reclusas de una orden de restricción temporal, Lamberth aceptó que su seguridad podría estar en peligro si eran trasladadas a centros para hombres y dijo que probablemente tendrían éxito en sus reclamaciones sobre castigos crueles e inusuales durante una etapa posterior del litigio.

“Con respecto a la disposición sobre el traslado, las demandantes citaron varios informes y reglamentos gubernamentales que reconocen que las personas transgénero corren un riesgo significativamente mayor de sufrir violencia física y sexual que otros reclusos cuando se les aloja en un centro que corresponde a su sexo biológico, algo que los demandados no discuten”, escribió.

Lamberth dijo que los funcionarios de prisiones “mantendrán y continuarán la situación de alojamiento y la atención médica de las demandantes tal y como existían inmediatamente antes del 20 de enero de 2025”.

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