Así cambiarían las reglas de pasaportes y Seguro Social para aplicar el decreto de Trump sobre la ciudadanía por nacimientoEricks Webs DesignEricks Webs Design

Tras meses de evitar detalles sobre un plan polémico para poner fin a la ciudadanía por nacimiento, el Gobierno del presidente Donald Trump publicó una serie de nuevos documentos que ofrecen una visión clara de cómo implementaría un decreto que revierte el entendimiento centenario sobre los beneficios de nacer en Estados Unidos.

El conjunto de documentos de media docena de agencias federales en los últimos días es resultado directo de una histórica decisión de la Corte Suprema el mes pasado, que permitió al gobierno desarrollar planes para terminar con la ciudadanía por nacimiento, aunque el esfuerzo ha vuelto a quedar en pausa.

Según estos documentos de orientación, a los padres de recién nacidos —incluidos ciudadanos estadounidenses— se les podría exigir cumplir requisitos adicionales para verificar su propio estatus migratorio al solicitar un pasaporte o número de Seguro Social para sus hijos.

Entre los documentos publicados recientemente hay uno del Departamento de Estado que explica cómo los funcionarios deberán “solicitar prueba original de la ciudadanía o estatus migratorio de los padres” para procesar una solicitud de pasaporte. “Esta información será necesaria para determinar si quienes solicitan un pasaporte son ciudadanos estadounidenses”, dice el documento de tres páginas.

La Administración del Seguro Social emitió una guía similar.

“En cuanto a la ciudadanía, actualmente un solicitante de número de Seguro Social puede demostrar la ciudadanía estadounidense presentando un certificado de nacimiento que indique un lugar de nacimiento en EE.UU.”, señala el documento. “Una vez que el decreto entre en vigor, un certificado con lugar de nacimiento en EE.UU. no será suficiente como prueba documental de ciudadanía estadounidense para personas nacidas después de la entrada en vigor de la orden”.

Agrega: “Para cumplir con el decreto, la Administración del Seguro Social requerirá evidencia de que la madre y/o el padre de la persona es ciudadano estadounidense o tiene un estatus migratorio elegible en el momento del nacimiento”.

Otros documentos de orientación del Departamento de Salud y Servicios Humanos, los Centros de Medicare y Medicaid, y el Departamento de Agricultura detallan cómo esas agencias verificarían la ciudadanía de los niños para diversos servicios sociales.

Las agencias parecen basarse en un documento de cuatro páginas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional, que dice estar destinado a “abordar cuestiones legales relevantes para la implementación” del decreto de Trump. Ese memorando contiene principalmente definiciones, incluyendo quiénes estarían cubiertos por la política y quiénes quedarían exentos.

Según el memorando de USCIS, entre los exentos de la política presidencial están los hijos de personas asiladas y refugiadas. Hasta ahora, no estaba claro si el Gobierno de Trump aplicaría el decreto a esos grupos de no ciudadanos.

Firmado por Trump el 20 de enero, el decreto “PROTEGIENDO EL SIGNIFICADO Y VALOR DE LA CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE” establece que el gobierno federal no “emitirá documentos que reconozcan la ciudadanía estadounidense” a ningún niño nacido en territorio estadounidense de padres que estuvieran en el país de manera ilegal, o que estuvieran legalmente pero de forma temporal.

Varias decisiones de tribunales federales este mes han asegurado que esa política no entre en vigor por ahora, y los documentos de orientación reconocen esa realidad.

“Sin embargo, el gobierno se está preparando para implementar el decreto en caso de que se le permita entrar en vigor”, afirma el memorando de USCIS.

Defensores de los derechos de los inmigrantes que han demandado a Trump por su decreto subrayaron el lunes que la nueva guía no tiene validez mientras los tribunales sigan bloqueando la aplicación de la política.

“Nada en esta guía cambia el hecho de que este decreto es inconstitucional y cruel. Todos en el país siguen protegidos por nuestra demanda colectiva, y seguiremos luchando para que este decreto nunca entre en vigor”, dijo Cody Wofsy, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que logró que un juez federal en Nueva Hampshire bloqueara el decreto de Trump mediante una demanda colectiva.

El fiscal general demócrata de Nueva Jersey, Matthew Platkin, quien lidera un desafío multilateral a la política de Trump, dijo a CNN que “independientemente de las promesas en esta guía, seguimos confiando en que el intento inconstitucional del presidente Trump de terminar con la ciudadanía por nacimiento nunca entrará en vigor, dada la orden judicial nacional que se ha emitido aquí”.

“El mensaje más importante que queremos transmitir es: los futuros padres deben saber que sus bebés siguen protegidos, y que los niños nacidos en EE.UU. continúan siendo ciudadanos estadounidenses sin importar el estatus migratorio de sus padres”, dijo a CNN Conchita Cruz, codirectora ejecutiva del Proyecto de Defensa de Solicitantes de Asilo, que también demandó a Trump por el decreto.

La guía aborda algunas de las preocupaciones prácticas planteadas por los jueces de la Corte Suprema durante los alegatos orales en el caso sobre la ciudadanía por nacimiento en mayo, incluidos quienes finalmente apoyaron a Trump en el tema de las órdenes judiciales nacionales.

Grupos de derechos de los inmigrantes argumentaron que el decreto de Trump requeriría que los dos padres de un recién nacido —incluidos ciudadanos estadounidenses— demostraran su estatus migratorio antes de obtener un pasaporte para su hijo.

Los memorandos señalan cambios en la forma en que los padres tendrían que documentar su propia ciudadanía en el hospital tras el nacimiento de un hijo. Durante décadas, los padres han podido solicitar un número de Seguro Social como parte del proceso de registro de nacimiento en el hospital. El memorando de la Administración del Seguro Social describe un proceso diferente, en el que la agencia primero intentaría establecer automáticamente el estatus migratorio de los padres.

Si eso no funcionara, los padres tendrían que tomar medidas adicionales para verificar su ciudadanía y obtener un número de Seguro Social para su hijo.

Las preguntas sobre las implicaciones prácticas del decreto de Trump causaron un intercambio clave entre el abogado del Gobierno y el juez Brett Kavanaugh durante los alegatos orales en la Corte Suprema a principios de este año.

“El día después de que entre en vigor —esto es solo una pregunta muy práctica, sobre cómo funcionará—, ¿qué hacen los hospitales con un recién nacido, qué hacen los estados con un recién nacido?”, preguntó Kavanaugh, un conservador que apoyó a Trump en el tema de las órdenes judiciales nacionales, al abogado del gobierno.

El procurador general D. John Sauer argumentó que no harían nada diferente porque, según él, serán los funcionarios federales quienes determinen si aceptan los documentos de nacimiento.

“¿Cómo lo sabrán?”, insistió Kavanaugh.

“Los funcionarios federales tendrán que averiguarlo básicamente”, respondió Sauer.

“¿Cómo?”, continuó Kavanaugh.

Sauer dijo que los funcionarios podrían exigir a los padres demostrar su ciudadanía.

“¿Para todos los recién nacidos?”, preguntó Kavanaugh, escéptico. “¿Así es como funcionará?”

“De nuevo, no lo sabemos”, dijo Sauer, “porque nunca se dio a las agencias la oportunidad de formular la guía”.

Kavanaugh se unió a sus colegas conservadores de la Corte Suprema para fallar a favor de Trump el mes pasado.

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