Con pocas posibilidades de asilo y sin TPS, miles de venezolanos en EE.UU. se enfrentan al temor de volver a su paísEricks Webs DesignEricks Webs Design

Numerosos venezolanos que están en riesgo de perder su estatus inmigratorio en Estados Unidos ven cómo la opción del asilo luce cada vez más complicada, por lo que, con el próximo fin del estatus de protección temporal (TPS), se enfrentan a uno de los escenarios que menos quieren: verse obligados a volver a su país natal.

“La figura del asilo se ha ido desdibujando. Cada vez es más difícil pedirlo, argumentar tu caso y que te lo aprueben”, dijo a CNN Adelys Ferro, cofundadora y directora ejecutiva de Venezuelan American Caucus, una ONG que aboga por los derechos de los inmigrantes venezolanos.

Hasta diciembre de 2024 había más de 130.000 casos pendientes de asilo de venezolanos, lo que representaba más del 10% del total de solicitudes abiertas, según los datos de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), una organización no partidista de investigación que rastrea los registros de inmigración.

Los venezolanos estaban entre las tres nacionalidades a las que más se les concede el asilo en EE.UU., solo por debajo de China y Afganistán, según datos hasta 2023 del Departamento de Seguridad Nacional. Y la tasa de aprobación era significativa, aunque ya venía en descenso en los últimos dos años. Hasta el cierre del año fiscal 2024, los venezolanos tenían una tasa de aprobación de asilo en juzgados del 64,5 %, según TRAC.

Aunque no hay datos oficiales para lo que va de 2025 por nacionalidad, Ferro señala que en los últimos meses, según lo que vio en su acompañamiento de casos y testimonios, ha habido un considerable descenso del porcentaje de casos aprobados para venezolanos. “Es un patrón de negación sistemática”, apuntó la activista.

Cecilia González Herrera es una inmigrante venezolana que, junto a su familia, tiene una solicitud de asilo en proceso desde que entró al país hace ocho años, en los que sigue esperando una audiencia. Según cuenta a CNN, a través de otros casos que conoce, señala que “ha habido más escrutinio” en la revisión de solicitudes.

“Los jueces están tratando de ser más cuidadosos con respecto a los asilos que aprueban”, comentó.

Los padres de González vendieron todas sus pertenencias y huyeron de Venezuela con sus dos hijos, denunciando que sufrían persecución política. La joven, que llegó a EE.UU. a los 18 años, también se refirió a la diferencia de criterios en los juzgados.

“En muchas ocasiones se ha argumentado que hay elementos que no califican como persecución política, sino como hampa o crimen común”, dijo. En otro ejemplo, mencionó casos de personas que trabajaban como policías en Venezuela y habrían sido intimidados debido a su inclinación política, “pero los jueces dicen que no es persecución política, sino laboral”.

El abogado de inmigración Juan Pablo Molina señala que ha habido un endurecimiento de criterios en los juzgados, pero no considera que se trate de algo sistemático. “El problema es que de un tiempo para acá han llegado muchos casos y hay jueces que creen que todos tienen la misma historia”, dijo a CNN.

Para el pedido de asilo, el solicitante debe demostrar una persecución o temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo social particular u opinión política, según la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE.UU. Molina enfatiza que la persecución debe ser detallada y específica hacia la persona. En ese sentido, señala que no basta haber sido víctima de una represión generalizada, sino mostrar que fue una persecución puntual y específica del gobierno (o grupos afines).

“Ahora hay jueces que piden más pruebas. Se ha puesto más difícil con los venezolanos”, dijo Molina, quien trabaja en el área de Houston.

CNN contactó al Departamento de Seguridad Nacional para solicitar comentarios sobre los señalamientos al proceso y consultar si ha habido alguna orden específica del Gobierno para las solicitudes de asilo.

El Gobierno del presidente Donald Trump instruyó en abril a los jueces de inmigración que desestimaran los casos de asilo que consideren “deficientes”, aún sin una audiencia que les dé a los solicitantes la oportunidad de explicar su caso. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración dijo en un memorando que los jueces tienen el deber “de gestionar eficientemente sus expedientes”.

Además, el Gobierno planea desestimar las solicitudes de asilo de potencialmente cientos de miles de inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país, según informaron a CNN dos fuentes familiarizadas con el asunto. Al respecto, el portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Matthew Tragesser, dijo a fines de junio que la agencia “no tenía nada que anunciar” en ese momento.

Con el asilo rechazado, estos inmigrantes quedarían sin estatus y expuestos a la deportación.

Esa también es la situación de quienes quedaron sin el “parole” humanitario, y la de cientos de miles que ya no cuentan con la protección del TPS o dejarán de tenerla en septiembre. Algunos de ellos tenían en paralelo una solicitud de asilo, o iniciaron el trámite a partir de los anuncios del gobierno (aunque para la mayoría de los casos, ya pasó el plazo de un año para la solicitud), pero ese camino parece cada vez más remoto.

González, quien tramitó su TPS en 2021, perderá esa protección en septiembre, si es que no prosperan los reclamos para una renovación. Ella participa en la demanda que presentó un grupo de ciudadanos venezolanos junto a la TPS Alliance, el grupo que apoya a los inmigrantes beneficiarios del programa de protección temporal, contra la decisión del presidente Trump.

“Para los venezolanos con asilos pendientes, (perder el TPS) es una preocupación, porque el riesgo de un asilo negado y una orden de deportación es inimaginable”, enfatizó. “Careceríamos de cualquier protección”, agregó. Si bien los solicitantes con permiso de trabajo mantienen ese documento vigente, González hace referencia al temor de las redadas y señaló que incluso ciudadanos estadounidenses han sido detenidos en medio de la ofensiva inmigratoria del Gobierno de Trump.

Tras una negación de apelación, el inmigrante quedaría indocumentado, prácticamente sin alternativas, explica Molina. Una de ellas podría ser casarse si tiene una pareja con ciudadanía estadounidense, o solicitar una visa-U, que solo aplica a víctimas de algunos crímenes y usualmente demora varios años.

Ferro, del Venezuelan American Caucus, afirma que se ha acelerado la revisión de casos con el objetivo de negar las solicitudes y dejar a los inmigrantes sin estatus “para eventualmente convertirlos en objeto de deportación”. Señala que antes en las audiencias, que muchas veces ocurren varios años después de la entrada al país, los jueces “tomaban en cuenta el tiempo que los inmigrantes tenían allí, comprando casas, construyendo negocios. Eso ya no importa”. En caso de rechazo, los inmigrantes pueden volver a intentar si califican para un proceso de apelación, pero Ferro indica que ahora esa vía está “prácticamente negada de entrada”.

Ferro también denuncia los casos de arrestos a inmigrantes en los mismos juzgados, instantes después de negárseles el asilo, una situación que derivó en una demanda contra el Gobierno de Trump. “Después de la persecución interna que hemos sufrido los venezolanos, ahora (lo hace) otro gobierno. Es el segundo ataque”, agregó.

Es común que muchos venezolanos, incluso aquellos con estatus migratorio, no cuenten con un pasaporte vigente, ante la imposibilidad de renovarlo o tramitar uno nuevo en Estados Unidos, ya que Caracas rompió las relaciones bilaterales en 2019, por lo que deben acudir a otros países para renovarlo. Eso les cierra la puerta a la posibilidad de iniciar trámites para radicarse en un tercer país, ya que el documento es necesario para la mayoría de los procesos en otras embajadas y consulados. El abogado cuenta que conoce pocos casos de venezolanos que lograron un salvoconducto a México y otros que hallaron la forma de llegar a Colombia, y que algunos decidieron irse a pie, cruzando por la frontera.

Ferro, que cuenta con la ciudadanía estadounidense, afirma que “decenas de miles” de venezolanos pueden tener temores fundados para regresar a su país, aunque no hayan sufrido una persecución individualizada como para obtener un asilo. “El análisis que se hace de cada caso es estricto y radical. Es una situación desesperada”, comentó. “Más que una decisión difícil, es imposible”, añadió, señalando que recibió testimonios de compatriotas con crisis de nervios y ansiedad por la falta de alternativas para evitar volver a Venezuela.

“Regresar puede significar que te desaparezcan, que te maten. Es una encrucijada en la que no saben qué hacer”, añadió.

El Gobierno de Venezuela ha negado en varias ocasiones las acusaciones de abusos a los derechos humanos y ha señalado que un número “reducido” de delitos están siendo “debidamente investigados”. Además, el presidente Nicolás Maduro ha señalado que les da la bienvenida a quienes retornan al país.

Ferro también afirma que todavía percibe optimismo entre algunos inmigrantes. “La gente tiene esperanza de poder alargar su estadía, del TPS, de los juicios. Algunos tomarán la decisión de quedarse de alguna manera, otros buscarán otro sitio para ir, ¿pero a dónde sin pasaporte?”, se preguntó.

“No tengo una respuesta. Algunos podrán quedarse”. Ferro destaca que muchos de los solicitantes de asilo entraron legalmente al país y, hasta ahora, no han pasado un día como indocumentados. “Ninguno de ellos quiso hacer las cosas mal”.

En ese sentido, González descarta cualquier posibilidad de volver a Venezuela. Ya obtuvo un título en Ciencias Políticas y actualmente trabaja en una organización de derechos civiles donde se enfoca en defender el derecho al voto.

“Volver no es una opción, las condiciones políticas no han mejorado. Mis padres están sujetos a la persecución política, mi hermano y yo hemos construido nuestras vidas acá. No contemplamos esa posibilidad ni la vamos a contemplar”, enfatizó.

Por ahora, dice que seguirá esperando a una citación para revisar el caso de su familia, y lamentó que en las últimas décadas los diferentes gobiernos no hayan podido hacer una reforma inmigratoria significativa. “Es un sistema de suerte, es realmente suerte que te llamen al asilo, que te lo aprueben. Más difícil que la ruleta”.

Es consciente de que quedarse en EE.UU. cuando expire el estatus de protección temporal la dejará expuesta a un proceso de deportación, pero seguirá apostando por ese camino. “Todos estamos asumiendo riesgos desde que nos volvimos migrantes. Si este país es tan grande y bueno como creemos que es, la verdad y la justicia van a prevalecer”.

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