Corte Suprema de México iniciará una era nueva entre asuntos pendientes, dudas y el riesgo de retroceder en derechosEricks Webs DesignEricks Webs Design

Con la entrada en funciones de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el próximo 1 de septiembre, el máximo tribunal de México enfrentará una serie de retos derivados de su nueva integración.

La reforma judicial aprobada en 2024 establece que la Suprema Corte pasará de 11 a nueve ministros y dejará de funcionar en dos salas, por lo que todos los asuntos serán atendidos directamente por el pleno. En esa misma fecha entrarán en funciones otros 872 nuevos cargos, entre ellos magistrados electorales, de circuito y jueces de distrito.

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Juan Jesús Garza Onofre, advirtió que esta reconfiguración plantea riesgos inmediatos: “Esta reducción de 11 personas a nueve va a implicar una mayor carga de trabajo, porque históricamente la corte ha trabajado en salas, se van distribuyendo los asuntos dependiendo de la materia. Ahora todos los asuntos que lleguen a la corte van a tener que pasar por los escritorios de estas nueve personas”.

“Va a ser más difícil generar acuerdos, y una mayor carga de trabajo puede generar que los asuntos no se estudien tanto o que simple y sencillamente se construyan bloques mayoritarios”.

El profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, Rodrigo Brito Melgarejo, coincidió en que la reducción de ministros podría contradecir el objetivo de la reforma judicial de 2024: “El que hayan desaparecido las salas, parecería ser contrario a la intención, que era hacer que la justicia fuera realmente pronta y expedita”.

Brito también alertó sobre posibles choques entre la presidencia de la Corte y el nuevo órgano de administración judicial, pues las decisiones presupuestales y administrativas ya no estarían en manos de la presidencia de la Corte, quien hasta antes de la reforma era también el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, órgano que regía el Poder Judicial. “Esto puede provocar choques si no se busca a la persona que pueda generar consensos tanto al interior de la Corte como al interior del órgano”, subrayó.

Otros retos a vencer que van de la mano, dicen los expertos, son la falta de experiencia de los nuevos ministros sobre el quehacer y los tiempos de un tribunal como la Corte, lo que impactará en el rezago de los asuntos.

En 2025, los mexicanos eligieron por primera vez a ministros, magistrados y jueces. Con la reforma al Poder Judicial, pasaron de ser seleccionados tras un proceso basado en exámenes, trayectoria académica y experiencia jurisdiccional, a hacer campaña y ser votados por los ciudadanos.

Las actuales ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama se sometieron a votación popular y repetirán en el cargo. Mientras que María Estela Ríos González, Giovanni Figueroa Mejía, Irving Espinoza Betanzo, Arístides Guerrero García, Sara Herrerías Guerra y Hugo Aguilar Ortiz – quien será el presidente de la Corte – llegan por primera vez al máximo tribunal.

Los ministros salientes dejan más de 1.000 asuntos sin resolver. De acuerdo con Brito, el rezago de casos podría incrementarse, ya que los nuevos integrantes de la Corte deberán analizar los expedientes heredados. “Si quienes integran la Corte hacen bien su papel, es lógico que el rezago aumente; pero si únicamente se limitan a firmar las sentencias o a votar conforme a proyectos ya elaborados, sin estudiarlos a profundidad, entonces el problema se abordará de manera superficial”.

Para Garza Onofre, la falta de experiencia de la mayoría de los nuevos integrantes de la Corte complicará la situación: “Ninguna de las personas a reserva de las tres que repiten, no saben cómo son las dinámicas de trabajo, aquí sí va a haber una curva de aprendizaje bastante grande”.

A ello se suma la falta de trayectoria jurisdiccional en varios perfiles: “Este tipo de cuestiones pues llamarán a su gente de confianza, con experiencia, pero llegar así de la noche a la mañana y decir que vamos a tener una Suprema Corte nueva, que todo se va a ser diferente, es totalmente falaz”, dice Garza.

Aunque hay precedentes jurídicos que velan por derechos como la despenalización del aborto o los matrimonios del mismo sexo en México, a ambos expertos preocupa que esto cambie y haya retrocesos en derechos ya adquiridos.

Brito señaló: “El corazón me diría que no, pero la experiencia nos demuestra que es posible. En teoría, el texto constitucional contempla la prohibición de regresión en materia de derechos humanos, pero en ese caso, la última palabra la tiene la Suprema Corte”.

Y agregó: “Ya vimos un cambio en la corte hacia el ala conservadora en los Estados Unidos, pues echó abajo sentencias que yo nunca me hubiera imaginado que pudieran tener un retroceso, ¿no? El caso del aborto con la sentencia de Roe v. Wade”.

Garza alertó sobre los riesgos de interpretación de la ley y los precedentes: “Los precedentes se pueden cambiar. Solamente habrá que ver las razones y los casos y los motivos. Lo segundo, que también puede pasar, es que se ignoren por completo. Eso nos puede llevar a una pendiente resbaladiza a meterse propiamente en temas de derechos humanos, en temas sustanciales”.

Para Brito, el mayor desafío será que la nueva Corte logre legitimarse a través de su trabajo: “Si la reforma buscaba legitimar al poder judicial, creo que ahora el reto del poder judicial es legitimarse a través de sus sentencias, que respeten la esfera de derechos y libertades de las personas”.

La palabra clave del nuevo escenario es incertidumbre, asegura Garza: “Nadie a ciencia cierta sabe cómo se va a ver la judicatura en el próximo año, los próximos cinco años. Esto es riesgoso. Y vamos a ver creo, me temo, mucho populismo judicial, muchos casos sonados, mucho que llamar la atención. Son pistas falsas para que la gente crea que realmente estamos ante otra justicia y no ante la justicia que históricamente se había construido”.

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