El caso de Ábrego García revela cómo Trump convirtió la deportación en un arma políticaEricks Webs DesignEricks Webs Design

Imagina que vives en Estados Unidos. Eres inmigrante, pero llevas más tiempo allí que en tu país de origen. Te detienen, cualquiera sea el motivo. Pero tu destino no es una cárcel estadounidense. Es otro país, que ni siquiera es el tuyo: algún lugar remoto en África o tal vez en Centroamérica.

Por las buenas o por las malas, ese parece ser el espíritu de la política inmigratoria del presidente Donald Trump. Al salvadoreño Kilmar Ábrego García le dio dos opciones: declararse culpable de traficar con personas —delito que niega haber cometido— a cambio de dos años en la cárcel y una deportación a Costa Rica, o ser deportado a Uganda. “Ofrecer a Costa Rica como la zanahoria y Uganda como el garrote para tratar de obligarlo a declararse culpable de un delito es una evidencia muy clara de que están utilizando el sistema de inmigración como un arma, de una manera que es completamente inconstitucional”, dijo Simón Sandoval-Moshenberg, uno de los abogados de Ábrego.

Garrote y más garrote. Erez Reuveni, abogado del Departamento de Justicia, quien reconoció ante un juez que Ábrego fue deportado por error, fue suspendido de su cargo y luego despedido. Stephen Miller, hombre de confianza de Trump y considerado el arquitecto de su política inmigratoria, dijo el 15 de abril en la oficina oval, durante la visita del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que “el único error cometido fue haber designado a un abogado que incluyó una frase incorrecta en un documento legal, por lo que ya fue retirado de su cargo.”

En enero de 2018, durante su primer mandato, Trump sorprendió a legisladores en plena Casa Blanca al quejarse de la llegada de migrantes de lo que calificó como “países de mierda”, en referencia a países africanos y Haití. Hoy en día, países africanos como Uganda, Ruanda, Eswatini o Djibouti, son destino para los deportados desde Estados Unidos que no son recibidos en su país de origen.

Para el Departamento de Estado, Costa Rica, el país de la “pura vida”, está en la categoría 2 de recomendación de viaje para los estadounidenses, con el crimen como un riesgo para quienes visiten ese país y la advertencia de tomar las medidas necesarias para protegerse. Uganda, por el contrario, es un país de nivel 3, al que se recomienda reconsiderar cualquier viaje por amenazas de ataques terroristas, criminalidad y leyes que singularizan a las personas por su orientación sexual.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uganda confirmó en su cuenta de X el 21 de agosto que llegó a un acuerdo para recibir a ciudadanos de terceros países que no reciban asilo en Estados Unidos, pero no quieran regresar a su país de origen. Especifica que es temporal, que no recibirán a personas con antecedentes penales o menores no acompañados, y que prefieren a ciudadanos de países africanos.

Es decir, Uganda no busca servir como un destino para castigar a migrantes como Kilmar Ábrego, quien tiene orden final de deportación desde 2019, pero que por dictamen de un juez no puede ser enviado a El Salvador, su país de origen, como ya ocurrió.

Por ley, Estados Unidos garantiza desde hace décadas el derecho a pedir asilo a quien llegue a su territorio, pero cambio su postura para seguir el modelo adoptado por la Unión Europea para frenar la migración: los países miembros se reservan el derecho de rechazar solicitudes de asilo si existe un tercer país considerado seguro que les pueda garantizar protección.

Ya Estados Unidos y Canadá tenían un acuerdo que firmaron en 2004 y que obliga a quienes quieren pedir asilo, a hacerlo en el país al que llegaron. Es decir, si alguien entraba a Estados Unidos debía pedir asilo allí y no tenía opción de hacerlo en la frontera con Canadá si se lo negaban. En 2023, el acuerdo fue ampliado para incluir cualquier punto de ingreso a ambos países.

El convenio temporal con Uganda llegó una semana después del anuncio de un acuerdo de tercer país seguro de Estados Unidos con Paraguay. Según el comunicado del 14 de agosto “este acuerdo ofrece a los solicitantes de asilo que se encuentran actualmente en Estados Unidos la oportunidad de tramitar sus solicitudes de protección en Paraguay, lo que permite a nuestros países compartir la carga que supone la gestión de la inmigración ilegal y poner fin al abuso del sistema de asilo de nuestro país”.

Durante su primer gobierno, Trump llegó a acuerdos de este tipo con Guatemala, Honduras y El Salvador, pero el Gobierno de Biden los derogó en febrero de 2021.

En junio, la Corte Suprema suspendió el fallo de una corte menor que impedía deportar a terceros países a migrantes cuyos países de origen no los reciben. La decisión cobijó a ocho deportados, entre ellos los cubanos Enrique Arias Hierro, condenado por homicidio y otros delitos graves y José Manuela Rodríguez Quiñones, por intento de homicidio intencional y otros delitos, así como al mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez, condenado por intento de asesinato en segundo grado. El grupo permaneció en contenedores en la República de Djibouti, país en el oriente africano, fronterizo con Somalia, Eritrea y Etiopía y con el mismo nivel de advertencia de viaje que Costa Rica. Pero su destino final fue Sudán del Sur, en el centro del continente, país al que el Departamento de Estado le recomienda a sus ciudadanos no ir.

El caso de Ábrego Garcia quedó en suspenso hasta octubre, cuando los abogados del gobierno tendrán que explicar ante una jueza federal su plan para deportarlo a Uganda, país que prefiere recibir ciudadanos africanos y el que, según los abogados de Ábrego, corre el riesgo de ser deportado a El Salvador, su país de origen, al que un juez de inmigración determinó no podía ser enviado por correr riesgo por las pandillas.

Por ahora seguirá siendo ejemplo de cómo la política inmigratoria de Trump se ensaña con quienes osan defender sus derechos.

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