El esfuerzo de Trump por acabar con la ciudadanía por nacimiento enfrenta escepticismo de otro tribunal de apelacionesEricks Webs DesignEricks Webs Design

Un tribunal federal de apelaciones pareció estar listo este viernes para convertirse en el segundo tribunal de este tipo en el país en dictaminar que el decreto del presidente Donald Trump que busca poner fin a la ciudadanía por nacimiento es ilegal.

Un panel de tres jueces del Primer Circuito de Apelaciones de EE.UU., con sede en Boston, pasó dos horas analizando con escepticismo el decreto del primer día de Trump en una serie de casos en los que tribunales inferiores dijeron que la política violaba la Constitución, precedentes de la Corte Suprema de hace décadas y la ley federal.

“Tenemos una opinión de la Corte Suprema que no somos libres de ignorar”, dijo en un momento el juez presidente David Barron, refiriéndose a un caso de 1898 conocido como Estados Unidos v. Wong Kim Ark, que afirmó la idea de que la mayoría de las personas nacidas en suelo estadounidense tienen derecho a la ciudadanía.

Otros miembros del panel señalaron de manera similar que estaban obligados a respetar el fallo de ese caso, incluida la jueza Julie Rikelman, quien dijo que el Gobierno de Trump esencialmente estaba pidiendo al tribunal que adoptara la opinión disidente emitida en el caso del siglo XIX.

“Tenemos que aplicar la decisión mayoritaria, no la opinión disidente”, le dijo al abogado del Departamento de Justicia, Eric McArthur.

Un fallo en contra de la administración representaría la segunda vez este verano que un tribunal de apelaciones, tras revisar los méritos del decreto de Trump, concluye que es ilegal. El mes pasado, el Noveno Circuito de Apelaciones de EE.UU. falló en contra de Trump en un caso separado. Las decisiones podrían, en última instancia, ser apeladas ante la Corte Suprema.

Los jueces del Primer Circuito no indicaron este viernes cuándo emitirían una decisión.

Firmado por Trump el 20 de enero, el decreto, titulado “PROTEGIENDO EL SIGNIFICADO Y VALOR DE LA CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE”, establecía que el Gobierno federal no “emitirá documentos que reconozcan la ciudadanía estadounidense” a ningún niño nacido en suelo estadounidense de padres que estuvieran en el país ilegalmente, o que estuvieran legalmente, pero de manera temporal.

En el conjunto de casos ante el tribunal de apelaciones de Boston, tres tribunales inferiores emitieron este año medidas cautelares separadas que impidieron a Trump implementar cualquier parte de su política. (Otras decisiones de tribunales inferiores también bloquearon la política). Entre esos fallos hubo una orden judicial a nivel nacional que prohibió a Trump hacer cumplir su decreto en cualquier parte del país.

El panel de jueces previamente se negó a levantar esos fallos mientras los casos avanzaban y el caso era apelado ante la Corte Suprema de manera urgente. El alto tribunal, sin revisar los méritos del decreto de Trump, dificultó que los litigantes obtuvieran órdenes nacionales que bloquearan políticas del poder ejecutivo.

Si bien los jueces del Primer Circuito —todos nombrados por presidentes demócratas— hicieron este viernes algunas preguntas algo críticas sobre argumentos técnicos presentados por algunos de los demandantes, no mostraron apoyo al intento de Trump de reescribir cómo funciona la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.

“La regla es que todos los que nacen aquí son ciudadanos o súbditos”, dijo Rikelman en un momento.

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