El Gobierno de Trump acusa a un juez de desafiar a la Corte Suprema en el caso de los migrantes detenidos en DjiboutiEricks Webs DesignEricks Webs Design

El Gobierno del presidente Donald Trump instó este martes a la Corte Suprema a permitir la deportación inmediata a Sudán del Sur de un grupo de migrantes que se encuentran actualmente detenidos en una base militar estadounidense en Djibouti, alegando que el juez a cargo del caso desafió al máximo tribunal.

Esta inusual moción se produjo horas después de que, dividida, la Corte Suprema permitiera al gobierno reanudar las deportaciones de migrantes a países distintos de su patria, incluyendo lugares como Sudán del Sur, con un preaviso mínimo. Más tarde el lunes, un juez de un tribunal de distrito de Massachusetts dictaminó que la orden no se aplicaba a los migrantes específicos que estaban en Djibouti.

Al describir la orden del tribunal inferior como “insostenible”, el Gobierno de Trump acusó al juez de distrito estadounidense Brian Murphy de “desafiar” la orden de la Corte Suprema y sugirió en su escrito de este martes que los jueces lo excluyan del caso.

“El fallo del tribunal de distrito de anoche es indefendible”, declaró el Departamento de Justicia a la Corte Suprema.

“El fallo del tribunal de distrito de anoche constituye un acto de cuestionamiento ilegal que, una vez más, perturba relaciones diplomáticas delicadas y frena de golpe la legítima campaña del Ejecutivo para efectuar deportaciones a terceros países”, declaró el Gobierno.

Como suele ocurrir en el expediente de emergencia de la Corte Suprema, la orden del lunes por la tarde daba pocos detalles sobre las implicancias de la decisión. El Gobierno de Trump había solicitado a los jueces que suspendieran una orden de Murphy, que determinó que los intentos del gobierno para deportar migrantes a terceros países sin el debido proceso adicional violaban “incuestionablemente” las protecciones constitucionales.

La Corte Suprema accedió a dicha solicitud, permitiendo al Gobierno continuar con dichas deportaciones a terceros países de forma generalizada mientras continúa el litigio.

Sin embargo, más tarde el lunes, Murphy dictaminó que la orden de la Corte Suprema no afectaba a un grupo de inmigrantes detenidos por Estados Unidos en una base militar en Djibouti, un grupo que se ha convertido en un foco en la lucha contra las deportaciones. Los migrantes, incluidos algunos de Cuba, Vietnam y Laos, se encontraban retenidos en un contenedor de carga Conex adaptado.

Murphy afirmó que el Gobierno debe seguir evaluando las denuncias que presentan sobre el temor a ser torturados antes de expulsarlos a Sudán del Sur. Había ordenado dichas evaluaciones en una orden separada el 21 de mayo, que el Gobierno de Trump no apeló.

Este martes, el Departamento de Justicia también sugirió que la Corte Suprema “podría considerar ordenar que el caso se reasigne a otro juez de distrito”.

Los abogados del Gobierno instaron a los jueces a “aclarar” que su orden del lunes también abarca otra orden de Murphy del 21 de mayo relacionada con los migrantes en Djibouti. Si la Corte Suprema accediera a ello, significaría que esos migrantes podrían ser expulsadas a Sudán del Sur.

Grupos humanitarios afirman que la situación en Sudán del Sur es grave. Naciones Unidas advirtió recientemente sobre la inseguridad alimentaria en el país, que también enfrenta inestabilidad política y una escalada de violencia.

“Actualmente no existe ninguna orden judicial que impida la expulsión de los extranjeros delincuentes en Djibouti”, declaró el Gobierno de Trump ante la Corte Suprema en su moción de este martes. El fallo del tribunal de distrito, afirmó, “es obviamente erróneo; y, a su vez, tras la suspensión de este tribunal, ya no existe ninguna orden judicial que limite la conducta del gobierno en este caso”.

En un duro voto discrepante, la jueza Sonia Sotomayor criticó duramente el lunes la gestión del Gobierno de Trump en materia de inmigración y acusó a sus colegas de “premiar la ilegalidad” al respaldar su apelación de emergencia. Los otros dos jueces progresistas de la corte, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, se sumaron a ese voto discrepante.

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