El presidente de la Corte Suprema de EE.UU. permitió la maniobra de Texas de manipular los distritos electoralesEricks Webs DesignEricks Webs Design
La descarada redistribución partidista que se está llevando a cabo en Texas, con los republicanos intentando atrincherarse en el poder y los demócratas considerando una contraofensiva en los llamados estados azules, recibió luz verde por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos hace seis años. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en una […]
La descarada redistribución partidista que se está llevando a cabo en Texas, con los republicanos intentando atrincherarse en el poder y los demócratas considerando una contraofensiva en los llamados estados azules, recibió luz verde por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos hace seis años.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en una opinión para un tribunal que salió 5 a 4, declaró que los jueces federales no podían revisar manipulaciones partidistas extremas en los distritos electorales para determinar si violaban derechos constitucionales.
La opinión de Roberts revocó casos que habrían permitido que dichos distritos –diseñados para favorecer a un partido político sobre otro independientemente de los intereses de los votantes– fueran impugnados como violaciones de la garantía de libertad de expresión y asociación de la Primera Enmienda y de la garantía de protección igualitaria de la Decimocuarta Enmienda.
Los jueces se dividieron entre las líneas ideológicas familiares: los cinco conservadores fallaron en contra de las manipulaciones partidistas de los distritos electorales y los cuatro liberales discreparon.
“De todos los momentos para abandonar el deber de la Corte de declarar la ley, este no era el indicado”, advirtieron los jueces disidentes en 2019. “Las prácticas impugnadas en estos casos ponen en peligro nuestro sistema de gobierno. Parte del papel de la Corte en ese sistema es defender sus fundamentos. Nada es más importante que unas elecciones libres y justas”.
Esa decisión en Rucho vs. Common Cause ha generado una nueva era de rivalidad partidista con amplias repercusiones para la democracia estadounidense. Esta decisión resuena tan profundamente como la decisión de la Corte de Roberts del año pasado en Trump vs. EE.UU., que otorgó a los presidentes una inmunidad sustancial frente al procesamiento penal (también dictada entre líneas partidistas).
Trump ha tomado la decisión de 2024 como un cheque en blanco, rompiendo las normas democráticas.
El caso de manipulación de distritos electorales también eliminó una barrera federal. Las demandas que impugnan la manipulación partidista extrema de distritos electorales aún pueden presentarse ante los jueces de los tribunales estatales. Sin embargo, las leyes estatales varían considerablemente en cuanto a la protección que ofrecen a las prácticas de redistribución de distritos, y los jueces estatales difieren en su capacidad para supervisar el complejo proceso político.
Es posible que Roberts no haya previsto las consecuencias en 2019 y luego en 2024. O, alternativamente, tal vez entendió y simplemente creyó que los efectos no eran propiamente preocupación del Poder Judicial federal.
En su opinión, Roberts reconoció la aparente injusticia de los distritos manipulados.
“El partidismo excesivo en la delimitación de distritos electorales conduce a resultados que, razonablemente, parecen injustos”, escribió. Pero, añadió, “el hecho de que dicha manipulación sea ‘incompatible con los principios democráticos’ […] no significa que la solución esté en el Poder Judicial federal”.
El presidente del Tribunal Supremo dijo que no existe autoridad constitucional para que los jueces supervisen la política de redistribución de distritos, ni hay estándares para sus decisiones, es decir, para saber cuándo los legisladores estatales han ido demasiado lejos en lo que es un proceso inherentemente político.
Roberts escribió: “¿Cuánto es demasiado?”. ¿En qué punto el partidismo permisible se vuelve inconstitucional?
La actual controversia sobre la redistribución de distritos surge de la presión de Trump sobre sus compañeros republicanos para generar tantos distritos controlados por el Partido Republicano como sea posible antes de las elecciones intermedias de 2026 para la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
En este momento, la atención se centra en Texas, donde los legisladores rompieron el ciclo habitual de redistribución de distritos posterior al censo, que ocurre cada 10 años, y de repente propusieron un nuevo mapa destinado a expulsar a varios demócratas de sus cargos y reforzar las posibilidades de que los republicanos mantengan su mayoría, ahora pendiendo de un hilo, en el Congreso.
El audaz esfuerzo de Texas ha llevado a los liberales a considerar un contraataque en estados controlados por los demócratas, como California, para crear nuevos mapas que podrían aumentar sus números.
Pero los esfuerzos de los políticos por trazar límites en su beneficio nunca han estado libres de controversia.
Los casos emparejados que se presentaron ante los jueces hace seis años involucraban manipulaciones extremas en los distritos electorales por parte de republicanos en Carolina del Norte y demócratas en Maryland.
A Roberts se unieron los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, cuyo voto fue crucial. Un año antes, Kavanaugh había sucedido al juez Anthony Kennedy, quien previamente había dejado la puerta abierta a impugnaciones en tribunales federales contra la manipulación partidista de los distritos electorales.
La jueza Elena Kagan, a la cabeza de los disidentes, insistió en que existían normas viables y que habían sido utilizadas por jueces de tribunales inferiores de Estados Unidos.
“Por primera vez, esta Corte se niega a remediar una violación constitucional porque considera que la tarea excede las capacidades judiciales. Y no cualquier violación constitucional”, escribió, señalando lo que está en juego.
“En estos casos, las manipulaciones partidistas privaron a los ciudadanos de sus derechos constitucionales más fundamentales: el derecho a participar en igualdad de condiciones en el proceso político, a unirse con otros para promover sus ideas políticas y a elegir a sus representantes políticos”, añadió Kagan.
A ella se unieron la jueza Sonia Sotomayor, quien permanece en el cargo, y los jueces Ruth Bader Ginsburg, quien falleció en 2020, y Stephen Breyer, quien se retiró en 2022.
Haciendo referencia a una frase del precedente de redistribución de distritos que parece apropiada ahora que los legisladores de Texas dividen a los votantes para obtener resultados predeterminados, Kagan escribió que un principio central del Gobierno es “que los votantes deben elegir a sus representantes, no al revés”.
The-CNN-Wire
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