El Tribunal Supremo de Brasil endurece vigilancia policial de Bolsonaro en vísperas del juicioEricks Webs DesignEricks Webs Design

El Tribunal Supremo de Brasil ordenó este sábado endurecer la vigilancia policial de la residencia del expresidente Jair Bolsonaro para evitar una fuga, en vísperas del inicio de la fase final del juicio por intento de golpe de Estado.

El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso, determinó que los agentes de la Policía Penal de Brasilia registren todos los vehículos que salen de la residencia del exmandatario en la capital y que le informen sobre los conductores y los pasajeros de los mismos.

Además, ordenó el monitoreo del área externa de la residencia, donde el expresidente (2019-2022) cumple prisión preventiva desde inicios de agosto.

Según afirmó el magistrado en el auto, estas nuevas medidas concilian “la privacidad” de los otros ocupantes de la casa, donde Bolsonaro vive con su esposa y su hija, con la “necesaria garantía de la ley penal” para impedir “cualquier posibilidad de fuga”.

De Moraes, en línea con la opinión de la Fiscalía, evitó ordenar la vigilancia de los movimientos del expresidente dentro de la casa, como había sido sugerido por la Policía Federal.

Un grupo de agentes ya hacía un seguimiento contínuo de los alrededores de la residencia, pero el inicio de la fase final del proceso previsto para este martes llevó al magistrado a endurecer las medidas.

Además de estar recluido en su domicilio, el exmandatario lleva una tobillera electrónica y le está prohibido usar redes sociales, como parte de las medidas cautelares que le fueron impuestas.

Bolsonaro está siendo juzgado por supuestamente liderar una trama que buscaba anular los resultados de los comicios de 2022, en los que fue derrotado por el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, e incitar los ataques a las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo del 8 de enero de 2023.

Los cinco crímenes de los que se les acusa a él y a otros altos cargos militares y políticos de su Gobierno pueden acarrear una pena de prisión que ronda los 40 años.

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