Histórico decomiso de combustible en México deja primeras detenciones. Expertos dicen que sería solo la punta del icebergEricks Webs DesignEricks Webs Design

El decomiso histórico de 10 millones de litros de gasolina en México, anunciado por las autoridades locales, destapó una compleja red de contrabando que involucra a marinos en actividad, exfuncionarios aduanales y empresarios en un momento clave para la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos.

El caso ha puesto bajo la lupa lo que en México se le conoce como “huachicol fiscal” —la importación y venta ilícita de hidrocarburos evadiendo impuestos— y, según expertos consultados por CNN, podría ser solo la punta del iceberg de un esquema mucho más amplio que afecta la seguridad, las finanzas públicas y el sector energético del país.

Las investigaciones de esta red de contrabando, que llevaron a la detención de 14 personas, comenzaron tras el aseguramiento en marzo de un buque con 10 millones de litros de combustible acompañado de documentación falsa para “facilitar el traslado de combustible con la participación de empresas de transporte, agencias aduanales y algunos servidores públicos”, según el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

Entre los detenidos hay cinco marinos en activo, un marino retirado, cinco exfuncionarios de aduanas y tres empresarios. Hasta ahora, solo se han dado a conocer los nombres de pila de los detenidos. CNN contactó a la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer los cargos específicos y las actividades de los empresarios, y espera respuesta.

El anuncio del decomiso coincidió con la visita a México del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, realizada unos días antes, y se produjo meses después de que Washington acusara a los cárteles mexicanos de transportar ilegalmente crudo mexicano a su territorio, mediante camiones o ductos clandestinos, con el fin de refinarlo.

El operativo tuvo lugar en Tamaulipas, estado ubicado en la frontera noreste con Estados Unidos, una zona estratégica para el tráfico ilegal debido a su acceso directo a rutas comerciales y puertos clave en el Golfo de México.

El robo de combustible se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento para el crimen organizado, según un reporte de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), una oficina del Departmento del Tesoro de EE.UU. encargada de combatir los delitos financieros.

La FinCEN señala que tanto el Cártel de Sinaloa como el Cártel Jalisco Nueva Generación transformaron el huachicol en un negocio multimillonario que sostiene sus redes de corrupción y fortalece sus estructuras armadas.

Por esa razón, Estados Unidos habría presionado desde hace tiempo al gobierno mexicano para actuar contra estas redes y así debilitar también la capacidad financiera de los cárteles más poderosos del país.

“Los norteamericanos habían solicitado desde hace tiempo al gobierno de México que se desmantelara esta red de apoyo al cartel de Sinaloa y al cartel Jalisco Nueva Generación”, señaló David Saucedo, especialista en seguridad, a CNN.

El caso ha revelado una red compleja que no se limitaba al traslado físico del combustible. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastreó movimientos financieros irregulares como la compra de propiedades, vehículos de lujo y seguros costosos que resultaban “incongruentes con el perfil de las personas investigadas”, explicó Harfuch.

A diferencia del “huachicol tradicional” (el robo de combustible directamente de ductos), este esquema se centra en la importación ilegal de combustible con permisos falsos o alterados, lo que permite evitar el pago de impuestos.

En 2024, el huachicol provocó una pérdida para las finanzas públicas de más de 77 mil millones de pesos, dijo Arturo Carranza, director de proyectos de energía de AXA Advisors, en entrevista con CNN.

Según Carranza, el mercado negro de combustibles emergió tras la apertura energética de 2013-2014 y creció durante el sexenio pasado, creando un mercado paralelo que trasciende lo energético y afecta también la seguridad y las finanzas públicas.

“Uno puede observar claramente que el tema trasciende del aspecto energético, el aspecto de las finanzas públicas y que es principalmente un tema de seguridad”, dijo.

Durante su Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) asumirían el control de las aduanas en los aeropuertos del país con el objetivo de combatir la corrupción y el tráfico de drogas.

Esta medida fue presentada en su momento como un paso clave para garantizar un manejo más transparente y eficiente de las operaciones aduaneras.

Sin embargo, las detenciones recientes de marinos en activo sugieren que la corrupción habría penetrado estructuras aduanales, empresariales y militares en el país.

“Sin lugar a dudas, para poder llevar a cabo este tipo de delitos se necesita cometer actos de corrupción, se necesita actos de cohecho”, agregó Carranza.

La presidenta de México, Claudia, Sheinbaum aseguró que habrá “cero impunidad” y afirmó que las investigaciones continúan y que el caso no se cerrará con las detenciones iniciales.

“Es el compromiso de cero impunidad. Cuando se encuentra una situación que es evidentemente un entramado de corrupción y de ilícitos, lo que hay que hacer es detener a todos los involucrados”, dijo la presidenta durante su conferencia de prensa diaria.

Sheinbaum señaló que las detenciones actuales resultan de denuncias hechas desde hace meses, incluso desde el sexenio anterior.

El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, informó que hace casi dos años el exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán alertó a la Fiscalía sobre irregularidades en la Semar.

A partir de esa denuncia, dijo, se recabó información sobre presuntos delitos cometidos por individuos dentro de la institución.

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, informó que hace casi dos años el exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán alertó sobre irregularidades en la Semar. A partir de esa denuncia se recabó información que vinculó dos decomisos históricos —10 millones de litros en Tamaulipas y 8 millones en Baja California— con actividades ilícitas dentro de la institución.

Tras estos casos, —calificados por el fiscal general de México como “los decomisos más grandes que ha habido de huachicol— se emitieron múltiples órdenes de aprehensión, y Gertz advirtió que aún hay personas prófugas y se esperan más detenciones.

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