Jueza suspende las deportaciones aceleradas de inmigrantes con “parole” humanitarioEricks Webs DesignEricks Webs Design

Este viernes, una jueza federal suspendió el intento del Gobierno de Trump de acelerar la deportación de inmigrantes que ingresaron legalmente a Estados Unidos a través de programas de “parole” (o autorizaciones de permanencia humanitaria), lo que representa una victoria para los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes que argumentaban que la política era ilegal y peligrosa.

El fallo impide temporalmente que el Gobierno deporte a personas a quienes se les concedió “parole” en los puertos de entrada y que posteriormente fueron detenidas —a menudo sin previo aviso y, en algunos casos, tras comparecer ante tribunales de inmigración— a pesar de tener documentos válidos, empleos u otras formas de alivio pendientes.

“En un mundo de malas opciones, actuaron conforme a las reglas”, escribió la jueza Jia Cobb, designada por el expresidente Joe Biden. “Ahora, el Gobierno no solo ha cerrado esas vías para los recién llegados, sino que también ha cambiado las reglas para las personas con ‘parole’ que ya se encuentran aquí”.

“La pregunta subyacente de este caso… es si las personas con ‘parole’ que escaparon de la opresión tendrán la oportunidad de defender su caso dentro de un sistema de reglas”, escribió Cobb. “O, alternativamente, ¿serán deportadas sumariamente de un país que… podría parecerse cada vez más a los países de los que intentaron escapar?”

En su opinión, Cobb dictaminó que la política probablemente viola el estatuto de deportación acelerada y es “arbitraria y caprichosa” según el derecho administrativo. La suspensión permanecerá vigente mientras se tramite la demanda.

La orden formal suspende la aplicación de tres directivas de la era Trump: un memorando de Seguridad Nacional de enero, una directiva del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de febrero y la cancelación en marzo de los programas de “parole” humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. El fallo de Cobb se aplica específicamente a las personas a las que previamente se les concedió la autorización de permanencia en los puertos de entrada.

Este caso marca uno de los primeros cuestionamientos judiciales importantes a la política migratoria bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump y es ampliamente visto como un indicador de cómo los tribunales federales interpretarán el poder ejecutivo luego de la decisión de la Corte Suprema en Trump v. CASA, que redujo el alcance de los mandatos judiciales a nivel nacional.

El eje central de la demanda es la decisión del Gobierno de aplicar la “expulsión acelerada” —un proceso de deportación acelerada que se utiliza normalmente para quienes cruzaron la frontera recientemente— a los inmigrantes que ingresaron legalmente y cumplían con las instrucciones del Gobierno. Bajo las nuevas directrices emitidas esta primavera, los agentes del ICE comenzaron a detener a las personas con “parole” fuera de los tribunales y en los puestos de control, a menudo sin permitirles acceso a abogados.

Los abogados defensores advirtieron que la política podría poner en riesgo de deportación sumaria a más de dos millones de personas, incluyendo a muchas que llegaron a Estados Unidos huyendo de la persecución y que buscaban vías legales para quedarse.

Los demandantes, liderados por la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA, por sus siglas en inglés), CASA y UndocuBlack, argumentaron que el Departamento de Seguridad Nacional viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad al tratar a los inmigrantes con “parole” como si hubieran ingresado ilegalmente. Su demanda también plantea inquietudes sobre el debido proceso, alegando que la nueva política pone en peligro a las comunidades vulnerables sin darles la oportunidad de ser escuchadas.

Hillary Li, abogada que representa a los demandantes, afirmó que los grupos están “profundamente comprometidos con la protección de nuestras comunidades de los perjuicios de la deportación acelerada” y añadió que están “agradecidos de que el tribunal haya reconocido que esta práctica es ilegal”.

El caso forma parte de una batalla legal más amplia sobre hasta qué punto puede llegar el poder ejecutivo para desmantelar las políticas de inmigración y “parole” de la era Biden.

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