La fijación de Trump con Venezuela: cómo el presidente de EE.UU. puso a los venezolanos en el centro de sus dos mandatosEricks Webs DesignEricks Webs Design

Venezuela estuvo en el centro de la primera presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, cuatro años en los que la Casa Blanca impuso sanciones y recompensas, y prestó apoyo a los opositores a Maduro en el contexto de una política de “máxima presión”. Y Venezuela está, una vez más, en el centro del segundo mandato del republicano.

La que mantiene con Venezuela es la fijación más grande del Gobierno de Trump en la región, pero tiene también matices y la Casa Blanca y Miraflores insisten en mantener las líneas de comunicación abiertas, aún en medio del reciente despliegue naval estadounidense en el Caribe.

Desde antes de asumir en enero para el período 2025-2029, Trump ya tenía la mirada puesta en el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien calificó como “dictador” durante la campaña electoral. Pero la animosidad no se ha limitado a las esferas del chavismo, sino que también ha alcanzado a buena parte los más de 900.000 venezolanos que viven en Estados Unidos, según cifras de la Oficina del Censo.

Trump expresó su descontento con los inmigrantes de Venezuela difundiendo teorías falsas sobre una supuesta liberación de presos en cárceles del país sudamericano y su envío a territorio estadounidenses. “Son narcotraficantes, criminales, asesinos y violadores. Todo lo han trasladado a Estados Unidos”, dijo Trump en una entrevista de agosto de 2024, sin presentar pruebas.

Cuando Trump ganó las elecciones de noviembre, Maduro dijo que apostaría por “un nuevo comienzo” en las relaciones entre Washington y Caracas, para dejar atrás las tensiones.

Nada de eso ocurrió. Y juzgando por la experiencia pasada entre 2017 y 2021, es difícil que algo cambie.

Mientras tanto, Maduro elogió el lunes a Trump al llamarlo “audaz” y cargó sus críticas al secretario de Estado, Marco Rubio, por querer “mancharle las manos de sangre” al presidente.

Trump asumió el 20 de enero y ese mismo día firmó un decreto que menciona al Tren de Aragua, una pandilla surgida en una prisión de Venezuela, para designarlo como grupo terrorista, junto a otras bandas transnacionales y carteles de la región.

A mediados de marzo, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789 para acelerar deportaciones de migrantes que eran supuestamente miembros del Tren de Aragua.

En tanto el 17 de marzo, el Gobierno de EE.UU. deportó a cientos de venezolanos sin condena firme a El Salvador, donde fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megaprisión criticada por diversas organizaciones por el trato que reciben los detenidos. Maduro dijo que las deportaciones eran secuestros.

Pese a que Trump describe a la Venezuela de Maduro como una dictadura que asfixia la disidencia la disidencia, en enero, su gobierno revocó la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de venezolanos que buscaron refugio en Estados Unidos precisamente de esa persecución. La medida afecta a más de 350.000 venezolanos que ya se encuentran en Estados Unidos y que preveían contar con protección frente a las deportaciones hasta al menos el otoño boreal de 2026.

En febrero, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, decidió no otorgar una extensión del TPS a los venezolanos a los que se les concedió el estatus en 2023, por lo que otros cientos de miles lo perderían dos meses después, en abril. Según el Departamento de Seguridad Nacional, más de 600.000 venezolanos tienen o tenían protecciones del TPS, cerca de dos tercios del total de inmigrantes venezolanos en Estados Unidos.

Las medidas del Gobierno han sido impugnadas ante los tribunales y la Corte Suprema ha permitido que Trump avance hacia el fin del TPS, aunque el proceso tiene varias aristas.

A fines de agosto una corte federal de apelaciones bloqueó los planes del Gobierno de Trump para dejar sin efecto una extensión a las protecciones legales para vivir y trabajar en Estados Unidos. Los jueces del Noveno Circuito concluyeron que los demandantes probablemente tendrían éxito en su argumento de que la secretaria Noem no tenía autoridad para revocar una extensión previa, ya que la ley aprobada por el Congreso no lo permite.

De todas formas, el Gobierno de Trump reafirmó sus intenciones y el Departamento de Seguridad Nacional anunció este miércoles que pondrá fin al TPS para los venezolanos que se inscribieron en el programa de 2021, lo que afectaría a unos 250.000 inmigrantes. Las autoridades dijeron que instarán a los venezolanos afectados a que se “autodeporten”, una posibilidad que muchos inmigrantes descartan por temor de volver a su país.

Además, entre las idas y vueltas judiciales sobre la validez del TPS, abogados migratorios han afirmado que algunos de sus clientes ya han sido despedidos, detenidos en centros migratorios, separados de sus hijos ciudadanos estadounidenses e incluso deportados.

En paralelo, el Gobierno de Trump intenta poner fin al programa de “parole humanitario”, que beneficia a migrantes de Venezuela que se sometieron a la revisión de las autoridades en lugar de intentar ingresar al país ilegalmente, así como de Cuba, Haití y Nicaragua.

El caso también ha sido judicializado y en mayo la Corte Suprema autorizó al Gobierno a poner fin al programa de permanencia temporal. En junio, notificó a beneficiarios que su permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos ha sido revocado y que debían abandonar el país, aunque una jueza suspendió en agosto el intento de realizar deportaciones aceleradas a las personas afectadas.

Todas estas acciones del Gobierno de Trump contrastan con una de las últimas medidas tomadas en el último día de su primer mandato, cuando el republicano bloqueó por 18 meses la deportación de venezolanos en Estados Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos ha continuado apretando las tuercas sobre las finanzas de Caracas. Washington, que ya contaba con una batería de sanciones sectoriales sobre Venezuela, anunció en marzo que impondría aranceles del 25 % a cualquier país que compre petróleo al Gobierno de Maduro. La medida fue presentada por la Casa Blanca en parte como una forma de castigo por la falta de voluntad del chavismo de aceptar a migrantes deportados.

El Gobierno de Trump también ha usado como presión la licencia que permite a la petrolera estadounidense Chevron operar en el país sudamericano. En marzo, la Casa Blanca puso fin al permiso y le dio 30 días para cesar sus actividades, y semanas después anunció una extensión. En julio, en medio de un intercambio de prisioneros entre ambos países, Maduro confirmó que la empresa recibió una licencia para seguir operando.

La venta de petróleo a Chevrón se inició en 2022, durante la presidencia de Joe Biden, y desde entonces se ha convertido en un salvavidas financiero –especialmente por el acceso a divisas– para Venezuela, un país petrolero cuya producción ha mermado en las últimas décadas. Trump llamó a Biden “corrupto” por celebrar este acuerdo y amenazó con terminarlo, pero al momento sigue en pie, no importa cuántos destructores estadounidenses rompan las olas en el Caribe.

En julio, el Departamento del Tesoro designó como una organización terrorista al llamado Cartel de los Soles, un presunto grupo criminal que, según Washington, ha corrompido las altas esferas políticas, militares y judiciales en Venezuela desde hace más de dos décadas para enviar drogas a Estados Unidos. Líderes chavistas han señalado que el Cartel de los Soles es “un invento” de las autoridades estadounidenses.

El Gobierno de Trump anunció en agosto que duplicaría a US$ 50 millones la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, a quien acusó de ser “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional”. El canciller venezolano, Yván Gil, calificó la oferta como patética y ridícula.

Fue precisamente durante el primer Gobierno de Trump cuando se impuso la primera recompensa por la captura de Maduro, aunque ese momento era de US$ 15 millones y Biden la subió posteriormente a US$ 25 millones.

Días después aumentar la recompensa a su nivel actual, la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que Washington había confiscado más de US$ 700 millones en activos a Maduro, sin precisar la fecha de las incautaciones. “Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia”, dijo en entrevista con Fox News. Maduro minimizó el anuncio y su Gobierno rechazó la acusación de tráfico de drogas. En un comunicado, señalaron que EE.UU. recurría a “amenazas y difamación”.

A mediados de agosto, EE.UU. Confirmó sus planes para desplegar más de 4.000 infantes de Marina y marineros en las aguas que rodean América Latina y el Caribe como parte de una iniciativa para combatir los cárteles de la droga, una demostración de fuerza que proporciona a Trump opciones militares en caso de que desee actuar contra los grupos a los que ha designado como terroristas, tal como el Tren de Aragua o el Cartel de los Soles.

La primera de estas opciones llegó el martes, cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que EE.UU. realizó un “ataque letal” contra una embarcación que supuestamente transportaba drogas en el sur del Caribe, en un operativo que causó la muerte de 11 personas. El Gobierno de Venezuela puso en duda las maniobras, calificándolas de “inventos” y mentiras.

Rubio defendió la orden del presidente Trump y advirtió que esta estrategia “volverá a suceder”, descartando la alternativa de interceptar las naves sospechosas.

El despliegue naval, el más grande realizado por Estados Unidos en la región desde la invasión de Panamá en 1989, y la operación del martes han atizado los fantasmas de una posible intervención militar en Venezuela.

Pero aunque la escala es claramente mayor, Trump ya había jugado esta carta en su primera presidencia: en 2019 el presidente dijo que el uso de fuerza militar en Venezuela “estaba sobre la mesa” en medio de la crisis política en el país desatada entre Maduro y Juan Guaidó, autoproclamando presidente interino de Venezuela y reconocido por Washington.

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