“Los tribunales son impotentes”. Así es la constante erosión del poder judicial durante el Gobierno de TrumpEricks Webs DesignEricks Webs Design

Seis meses después del inicio del segundo mandato de Donald Trump, su Gobierno mantiene un enfrentamiento con el poder judicial federal, eludiendo órdenes judiciales que bloquean su agenda, demandando a jueces por supuesta mala conducta y avanzando hacia lo que varios jueces federales actuales y retirados advierten podría convertirse en una crisis constitucional.

Este verano, el Gobierno demandó a todo el tribunal federal de distrito en Maryland después de que su juez principal bloqueara temporalmente las deportaciones. También presentó recientemente una denuncia por mala conducta judicial contra el juez principal del influyente tribunal de distrito de Washington, James “Jeb” Boasberg, por comentarios que, según se informó, hizo en privado al presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en marzo.

Es improbable que el impasse termine pronto. El viernes, un tribunal de apelaciones determinó que Boasberg no puede avanzar en su intento de declarar en desacato a funcionarios del Gobierno de Trump por presuntamente engañarlo en un caso acelerado en el que migrantes detenidos fueron entregados a una prisión en El Salvador.

A medida que jueces designados por Trump en todo el país siguen dando victorias al Gobierno, la capacidad del poder judicial federal de actuar como contrapeso del Ejecutivo se ha ido reduciendo lentamente.

“Están intentando intimidar, amenazar y simplemente arrollar a los tribunales de formas que nunca hemos visto”, dijo un juez federal retirado, que habló con CNN bajo condición de anonimato —al igual que alrededor de media docena de jueces actuales y retirados— debido al clima de acoso que, aseguran, ha creado el Gobierno de Trump y a la tradición de los juristas de no pronunciarse públicamente sobre política y disputas en curso.

Los tribunales tienen herramientas para responder: un abogado que, en sala, se niegue a cumplir una orden directa o mienta podría ser declarado en desacato de forma inmediata. Los jueces también pueden exigir el testimonio de testigos y documentos, ordenar investigaciones independientes y remitir casos para enjuiciamiento penal o imponer sanciones civiles, como multas.

Pero hasta ahora, muchos jueces han dudado en actuar demasiado rápido para imponer sanciones u otros castigos dirigidos al Gobierno de Trump.

“La verdad es que estamos a merced del poder Ejecutivo”, dijo un exjuez federal de apelaciones, señalando que los tribunales tienen menos mecanismos de aplicación que la Casa Blanca, como las facultades policiales y de enjuiciamiento. Los procesos de sanciones suelen avanzar lentamente y el Departamento de Justicia cuenta con amplias posibilidades de apelación que pueden tardar años.

“Al final del día, los tribunales son impotentes”, agregó el exjuez.

Algunos jueces, como Boasberg en Washington y Paula Xinis en Maryland, ya han analizado cómo responder a la desobediencia avanzando hacia sanciones o procesos por desacato contra miembros de la administración. En ambos tribunales, el Gobierno retrasó el cumplimiento de órdenes judiciales cuando los detenidos fueron enviados a una prisión en El Salvador sin el debido proceso.

En ocasiones, los tribunales también se mueven con lentitud. En un caso en Maryland, abogados de un venezolano enviado a El Salvador por el Gobierno de Trump dijeron el viernes a un juez que todavía evalúan si pedirán que se declare en desacato a la administración. Los hechos ocurrieron en marzo.

“Cuanto más grave sea el comportamiento, más rápido se moverá probablemente el juez y con herramientas más contundentes”, dijo otro exjuez federal, que integró un tribunal de distrito. “En general, los tribunales verán que deben actuar con rapidez y firmeza si quieren llegar al fondo de lo ocurrido”, agregó.

En algunas situaciones, los jueces designados por Trump han ralentizado o frenado el conflicto directo entre la administración y los jueces.

La Corte Suprema, con mayoría conservadora, este año favoreció a Trump en la mayoría de las disputas de emergencia sobre el uso de sus poderes para remodelar el Gobierno federal, minando los enfrentamientos.

Sin embargo, los jueces nombrados por Trump no se han abstenido unilateralmente de cuestionar el enfoque del poder ejecutivo.

Por ejemplo, en un caso sobre el cese de pago de subvenciones por parte del Gobierno, una jueza en Rhode Island reprendió el viernes al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano por su “inacción” como posible “violación grave de la orden judicial”. Organizaciones sin fines de lucro beneficiarias de subvenciones para vivienda asequible destinada a adultos mayores de bajos ingresos habían denunciado que la administración no había entregado US$ 760 millones que el tribunal ordenó pagar meses atrás.

La jueza, Mary McElroy, designada por Trump en el tribunal federal de Rhode Island, respondió: “En riesgo de quedarme corta, eso es grave”, e invitó al Gobierno de Trump a “explicarse”.

En el caso migratorio de Boasberg, el viernes una sala dividida del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington, con dos jueces designados por Trump en la mayoría, puso fin a un proceso por desacato iniciado hace tres meses y medio. La suspensión previa y la decisión del viernes han limitado la capacidad de Boasberg de reunir pruebas sobre la presunta desobediencia de funcionarios del Gobierno de Trump hacia el tribunal.

El juez Greg Katsas, designado por Trump para ese tribunal, escribió que detener el proceso de desacato penal podría ayudar a desactivar un enfrentamiento prolongado y complicado entre el poder judicial y el Gobierno de Trump.

Boasberg ya ha señalado otras opciones. “Este tribunal hará seguimiento”, dijo en una audiencia a finales de julio, aludiendo a recientes revelaciones de denunciantes sobre el enfoque del liderazgo del Departamento de Justicia en el caso.

“Además, se me permita o no avanzar con el proceso por desacato, sin duda evaluaré si la conducta y la veracidad de los abogados del Gobierno ante el tribunal ameritan una remisión a los colegios de abogados estatales o a nuestro comité de quejas, que determina la idoneidad de los abogados para ejercer en nuestro tribunal”, añadió.

A finales de junio, un denunciante acusó públicamente al entonces alto funcionario del Departamento de Justicia de Trump, Emil Bove, de decir a abogados que deberían ignorar órdenes judiciales como la de Boasberg y “considerar decirle a los tribunales ‘que se j***n’”, según escribió a Congreso.

Desde entonces, Bove, quien fue abogado defensor personal de Trump, fue confirmado por el Senado controlado por los republicanos como juez. Ahora integra el tribunal federal de apelaciones del 3er Circuito, con jurisdicción sobre Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware.

Bove dijo al Senado que no recordaba haber hecho los comentarios sobre ignorar a los tribunales.

Boasberg ha sido uno de los jueces más criticados públicamente por Trump y otros miembros del círculo más cercano del presidente. A mediados de marzo, Boasberg determinó que la administración no podía enviar detenidos a El Salvador bajo una ley de tiempos de guerra sin el debido proceso y ordenó al Gobierno dar la vuelta a los aviones y devolver a los detenidos a custodia de Estados Unidos.

En julio, el Departamento de Justicia presentó una queja formal contra Boasberg ante el tribunal de apelaciones superior, acusándolo de mala conducta judicial.

Esa queja surgió después de que el sitio web conservador The Federalist informara sobre comentarios que Boasberg hizo en una reunión privada anual de líderes del poder judicial, un incidente distinto del caso migratorio que ha manejado.

Boasberg y alrededor de una docena de jueces federales de todo el país participaron en un desayuno informal con Roberts a principios de marzo, confirmó CNN.

Cuando Roberts pidió a los jueces que compartieran las preocupaciones en sus jurisdicciones, Boasberg comentó que los jueces del tribunal de primera instancia en Washington, sobre el que él preside, temían que el Gobierno de Trump pudiera ignorar órdenes judiciales, lo que provocaría una crisis constitucional. Roberts respondió sin expresar su opinión, según dijo a CNN una persona familiarizada con la reunión. Un portavoz de la Corte Suprema no respondió a la solicitud de comentarios.

“El juez Boasberg intentó influir de forma indebida en el presidente de la Corte Suprema, Roberts”, señaló la queja del Departamento de Justicia contra el magistrado, enviada al presidente del tribunal de apelaciones superior. La administración sostiene que nunca violó intencionalmente sus órdenes en el caso migratorio y que, después de que Boasberg hablara con Roberts en la conferencia judicial, “comenzó a actuar sobre su creencia preconcebida de que el Gobierno de Trump no acataría órdenes judiciales”, en referencia al proceso del caso migratorio.

Steve Vladeck, profesor de Derecho en la Universidad de Georgetown y analista legal de CNN, calificó de absurda la queja del Departamento de Justicia contra Boasberg en un análisis reciente que publicó en Substack. Vladeck afirmó que, aunque probablemente la queja será desestimada cuando un tribunal la revise —como ocurre con la mayoría de denuncias por mala conducta contra jueces—, el enfoque del Gobierno de Trump pudo haber estado más orientado a intimidar a otros jueces federales y a congraciarse con la base del presidente.

“Ninguno de estos hechos”, incluida la queja contra Boasberg, “constituye por sí mismo una crisis constitucional”, dijo Vladeck a CNN. “Pero todos reflejan intentos de socavar el poder y el prestigio de los tribunales federales para, si llega el momento, estar preparados”.

“El problema es que demasiada gente espera un momento de cruzar el Rubicón, cuando lo que hemos visto hasta ahora es que el Gobierno de Trump ha encontrado muchas otras formas de intentar entrar a Roma a escondidas”, añadió Vladeck.

Sin embargo, varios de los jueces actuales y retirados que hablaron con CNN consideran que los tribunales todavía no enfrentan una crisis constitucional plena.

“Estamos en las etapas iniciales de una crisis constitucional. Estamos en las primeras fases”, dijo recientemente a CNN un juez federal. “Todos hemos estado hablando de ello desde el momento en que [Trump] fue elegido: que la administración podría desafiar órdenes de tribunales federales”.

Una crisis constitucional completa, explicó este juez, se daría si la administración ignorara órdenes de la Corte Suprema. Eso aún no ha ocurrido, y los abogados del Departamento de Justicia siguen participando en muchos procesos, cumpliendo plazos y presentando alegatos de buena fe en las audiencias judiciales.

J. Harvie Wilkinson III, un juez conservador de larga trayectoria designado por Ronald Reagan en el Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito de Estados Unidos, recurrió a la historia presidencial en una opinión reciente en la que ordenó al Gobierno de Trump cumplir órdenes judiciales para facilitar el retorno de un inmigrante de Maryland, Kilmar Abrego García, después de que fuera enviado por error a El Salvador. Wilkinson escribió sobre cómo el presidente Dwight Eisenhower estuvo dispuesto a ejecutar la desegregación escolar tras la decisión de la Corte Suprema en Brown v. Board of Education.

“Los poderes del Estado están demasiado cerca de chocar de forma irreversible en un conflicto que amenaza con debilitar a ambos”, escribió Wilkinson. “El Ejecutivo puede lograr durante un tiempo debilitar a los tribunales, pero con el tiempo la historia escribirá la trágica brecha entre lo que fue y todo lo que pudo haber sido, y la ley, a su debido tiempo, firmará su epitafio”.

Algunos de los inusuales ataques del Gobierno de Trump contra el poder judicial siguen poniendo a prueba hasta dónde podrían llegar.

El Departamento de Justicia presentó su demanda cuando los jueces se reunieron a finales de junio en la conferencia del 4º Circuito en Charlotte, Carolina del Norte. Los magistrados de Maryland, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia y Virginia Occidental quedaron sorprendidos al enterarse de la demanda que nombraba como demandados a todos los jueces federales de distrito de Maryland, y el tribunal de distrito entendió la necesidad de contratar rápidamente a un abogado para defenderlos, dijeron a CNN personas familiarizadas con la respuesta.

El Departamento de Justicia ha señalado que demandó como una forma de frenar lo que considera excesos judiciales.

El abogado defensor Paul Clement, en representación de los jueces de Maryland, calificó la demanda de “realmente extraordinaria” y “fundamentalmente incompatible con la separación de poderes”.

Once exjueces federales de varios circuitos, incluidos algunos designados por presidentes republicanos, advirtieron en su propio escrito amicus curiae en el caso que, si al Gobierno de Trump se le permite llevar su enfoque “hasta su conclusión lógica”, “arrollaría cualquier intento del poder judicial de preservar su jurisdicción que frustre las prerrogativas del Ejecutivo. (…) Ese resultado sería devastador para la eficacia de los tribunales del país”.

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