Senado de Colorado aprueba polémicas leyes sobre compra de municiones y armasEricks Webs DesignEricks Webs Design

El Senado de Colorado dio luz verde este martes a dos controvertidos proyectos de ley que buscan regular la compra de municiones y aumentar los requisitos de seguridad en compra de armas. Las medidas, que ahora regresan a la Cámara de Representantes para su revisión final, han generado un intenso debate entre legisladores demócratas y republicanos.

La primera iniciativa, HB25-1133, eleva de 18 a 21 años la edad mínima para comprar municiones en la mayoría de los casos, aunque incorpora excepciones tras una enmienda del Senado. Jóvenes entre 18 y 20 años podrán adquirir municiones si son miembros o veteranos de las fuerzas armadas, tienen certificación de caza, están bajo órdenes de protección o nacieron antes del 28 de enero de 2007. Tampoco aplica para munición que no sea de percusión anular.

“Colorado ha sufrido un número desproporcionado de tiroteos trágicos y debemos hacer todo lo posible para prevenir futuros actos de violencia sin sentido”, argumentó la senadora demócrata Cathy Kipp, promotora de ambas leyes. La norma también impone nuevas reglas para el almacenamiento y envío de municiones, prohibiendo etiquetas externas que indiquen su contenido.

Por su parte, la HB25-1238 establece requisitos adicionales para ferias de armas, eliminando sin embargo algunas restricciones iniciales tras las enmiendas. Ya no será obligatorio exhibir las armas en vitrinas cerradas, aunque deberán mantenerse “inaccesibles sin asistencia del vendedor”. Tampoco se fijará un precio máximo para las verificaciones de antecedentes.

Ambas leyes pasaron con votaciones ajustadas (19-16 y 22-13 respectivamente), reflejando la división partidista sobre el tema. Los republicanos criticaron las medidas como innecesarias y restrictivas para los derechos de los dueños de armas, mientras los demócratas las defendieron como “medidas de sentido común” para prevenir violencia.

Las infracciones a estas normas serán consideradas inicialmente como faltas civiles o delitos menores, escalando a delitos graves en reincidencias. Se espera que la Cámara vote pronto las versiones modificadas antes de su posible promulgación.