Solo un país de América Latina no tiene ningún expresidente con problemas en la Justicia. ¿Cuál es y por qué?Ericks Webs DesignEricks Webs Design

Colombia y Brasil fueron sacudidos este año por decisiones judiciales que apuntaron directamente a lo más alto del poder político: expresidentes. Álvaro Uribe, presidente de Colombia entre 2002 y 2010, fue condenado en agosto a 12 años de prisión domiciliaria tras ser hallado culpable de fraude procesal y soborno a testigos, lo que lo convirtió en el primer exmandatario del país en ser condenado en un juicio. En el caso de Jair Bolsonaro, el exjefe de Estado está siendo enjuiciado por el Tribunal Supremo de Brasil por un presunto complot para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2022, aunque él niega los cargos.

El alto perfil de ambos casos podría remodelar la política nacional en Colombia y en Brasil, países donde habrá elecciones presidenciales en 2026, y tener un impacto incluso más allá de la región. Pero si se posa la lupa sobre el resto de las naciones latinoamericanas, un fenómeno salta a la vista: los problemas de los exmandatarios con la Justicia no son una excepción, son más bien la regla. En casi todos los países de América Latina hay un expresidente del período democrático en la mira de la Justicia.

El caso de Perú representa el paradigma de esta conflictiva relación entre los exmandatarios y la Justicia: la gran mayoría de quienes lideraron ese país desde la década de los 80 hasta el presente ha sido investigada, imputada o incluso condenada. Nada menos que cuatro de ellos cumplen condena de forma simultánea en la prisión de Barbadillo, en Lima.

Sin embargo, hay una excepción en América Latina.

Uruguay no solo es la excepción en tanto ninguno de sus presidentes del periodo democrático ha sido investigado, imputado o condenado por la Justicia. Es también la prueba de que una mayor cantidad de procesos judiciales contra mandatarios y exmandatarios no es necesariamente una señal de salud democrática, como muchos políticos y analistas especulan, sino más bien todo lo contrario.

Año tras año, el pequeño país rioplatense encabeza los índices de calidad democrática, como el Democracy Index del grupo The Economist, que en 2024 lo ubicó en el puesto 15 del mundo y lo caracterizó como la única democracia plena de la región, seguido por Chile, en el puesto 29. El índice analiza factores como los procesos electorales y el pluralismo, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política y las libertades civiles.

Según Ángel Arellano, profesor de la Universidad Católica del Uruguay y doctor en ciencia política, son varios los factores que explican este resultado, y no tienen que ver necesariamente con la ausencia de corrupción.

“En Uruguay existe una cultura política de respeto por el uso de lo público. Lo normal es que los altos jerarcas utilicen su propio carro y vivan en sus casas de siempre. No tienen grandes beneficios, sobre todo cuando los comparas con los del resto de América Latina. Tienen altos salarios, sí, pero cierta austeridad en sus prácticas. Es decir, lo común es que el ministro camine por la avenida para ir de una oficina a la otra, o que ande en su propio auto, o que el parlamentario vaya en su auto al parlamento. Nada de chofer, secretarios, helicópteros, cosas que sí pasan acá al lado, en Argentina. Esa infraestructura no existe en Uruguay, por supuesto que por la escala del país, por el tamaño de su economía y, nuevamente, por su cultura política”.

Del otro lado del espectro, el caso peruano, con la mayoría de sus presidentes del periodo democrático investigados, imputados o condenados, es un país con instituciones tremendamente débiles, ubicado en el puesto 78 del índice de calidad democrática de The Economist. En suma, mucha de la clase política peruana ha sido judicializada, pero esto no parece haber sido un signo del fortalecimiento de la democracia. Con diferentes situaciones judiciales, la lista incluye a ocho presidentes recientes.

Hay dos motivos que explican el proceso de judicialización de la política en América Latina. El primero de ellos es la corrupción, una problemática persistente en nuestra región, caracterizada por prácticas como sobornos, malversación de fondos públicos y falta de confianza en las instituciones. Según el último reporte de Transparencia Internacional, de 2024, el continente americano promedia 42 puntos sobre 100 posibles, en una escala de cero a 100, en la que 100 es percibido como muy transparente y cero como muy corrupto. Esto coloca a la región 22 puntos por debajo de la Unión Europea y solo a tres puntos por arriba de Medio Oriente y el Norte de África.

Arellano vincula la corrupción en la región con otro fenómeno: la forma de gobierno presidencialista. “Si uno ve el mapa, prácticamente no hay ningún país que no haya sido tocado por un escándalo de corrupción, y muchos de esos casos resultaron en el enjuiciamiento del principal responsable político del país. Eso responde a que América Latina es heredera de una cultura presidencialista muy fuerte, donde el presidente tiene un papel central en el Estado, diferente a las democracias europeas donde el presidente está condicionado por el Parlamento. Por eso la concentración de poder en la figura del presidente también explica parte del fenómeno”.

Según él, en América Latina hay una gran proliferación de normas que incluso han servido de ejemplo para países de otras latitudes. “No es un problema normativo, sino que tiene que ver con la implementación de esa normativa y de la cultura política. Me refiero a una idea bastante extendida de que en la gestión política caben algunas licencias y flexibilidades. Eso es cultura política”.

El segundo factor que explica la judicialización de la política tiene que ver con el lawfare, un concepto que, de acuerdo con la politóloga y especialista de la Universidad Torcuato di Tella, Catalina Smulovitz, fue mencionado en la región por primera vez en 2016 por los abogados de Luiz Inácio Lula da Silva. Aunque el concepto existía en el mundo anglosajón con otro significado, en ese entonces fue usado por primera vez para referirse a estrategias políticas con procedimientos legales cuestionables e irregulares en conflictos políticos no militares a fin de perseguir, neutralizar o descalificar a líderes políticos populares. Designa, según ella, el uso partisano de los procesos judiciales.

Silvina Romano, coordinadora del Observatorio Lawfare e investigadora del Conicet, además de autora de varios libros al respecto, explicó a CNN las diferencias entre lawfare y corrupción.

“En la actualidad hay muchas diferencias, y la más importante tiene que ver con la intencionalidad política. En el caso del lawfare, solemos detectar que son casos que aparecen en determinado momento político, sobre todo en épocas electorales. También observamos la actuación protagónica de los medios de comunicación y las redes sociales en la criminalización y sentencia previa de las personas implicadas en esos actos de corrupción. La falta de pruebas fehacientes de que se han cometido efectivamente esos actos. Y la diferencia entre algo que puede servir como una prueba a la luz de un proceso judicial y lo que puede ser una prueba en un programa de televisión”, explicó y añadió el caso de las delaciones premiadas, que no deberían ser tomadas como pruebas en sí en un proceso judicial serio sino, en todo caso, como un indicio para seguir adelante con una investigación judicial.

La condena a Cristina Kirchner en Argentina es otro de los casos que, en los últimos meses, han sacudido la política local y regional, también por sus consecuencias electorales: la expresidenta no podrá presentarse como candidata en los comicios. Pero cuando se observa más allá, es evidente que muchos de los episodios judiciales no responden necesariamente a una “ola de transparencia” en la región, porque esos mandatarios no están siendo juzgados por corrupción: Morales, en Bolivia, es investigado por presunta trata de personas; e incluso Bolsonaro, en Brasil, está siendo enjuiciado por acusaciones de complotar para anular los resultados electorales que dieron como ganador a Lula da Silva. Todos ellos niegan las acusaciones.

En general, los ejemplos grafican un fenómeno que fue abordado en un artículo publicado en 2018 por Manuel Balán, académico y especialista en procesos judiciales y política en América Latina, quien afirma que, en efecto, existe un aumento de las causas contra expresidentes. Con base en la documentación de los hechos, Balán aseguraba ya en ese entonces que existía una “creciente tendencia al enjuiciamiento de exjefes del Ejecutivo en América Latina desde la democratización de la década de 1980”.

Esto abre, sin embargo, nuevas aristas ante un problema conocido. ¿Crece la corrupción y la justicia la investiga o lo que aumenta es la instrumentalización de la justicia con fines políticos? Lo que es seguro, en principio, afirma Smulovitz, es que en la actualidad estos casos se han vuelto temas de agenda pública.

“Hace algunos años el problema de la corrupción como tal no era un problema de atención pública, por lo que es difícil determinar si el fenómeno creció o no. Además, las estadísticas de corrupción arrojan resultados que no son esclarecedores de esta pregunta, porque están elaboradas en base a la percepción social del fenómeno. ‘¿Cree usted que en su país hay muchos políticos corruptos?’, por ejemplo. Entonces quizás, de acuerdo con estos estudios, hay países cuyos índices de corrupción son muy bajos, pero no porque no exista sino porque la gente no la considera un problema”, dijo a CNN.

En efecto, los índices de Transparencia Internacional se elaboran usando datos de primera mano “sobre cómo las personas experimentan y perciben la corrupción en su vida diaria”.

Y eso da pie, a su vez, a una segunda arista del problema: el aumento de las denuncias por corrupción en sí no es condición de una mejor calidad democrática, según Smulovitz, como parece demostrar el caso uruguayo y pese a que frecuentemente se celebra cuando un expresidente es condenado ya que eso pareciera demostrar que existen mecanismos institucionales para penalizar incluso a los más poderosos.

Y es que, entre la corrupción y el lawfare, el avance de la justicia sobre los exmandatarios también está teniendo un efecto negativo en las sociedades y en el propio sistema político.

“En sistemas políticos muy fragmentados la denuncia judicial tiene el efecto de crear un clima de cuestionamiento al sistema político, o a idea de que ‘son todos lo mismo’. No es que la corrupción no exista o que no haya que castigarla, pero lo que no se puede eludir el hecho de que las denuncias también se utilizan para acallar a adversarios políticos”, indicó Smulovitz.

Según ella, el problema es que cada funcionario público cuestionado por una conducta indebida hoy en día dice que es lawfare, y esto atenta contra la posibilidad del control a las autoridades. “Si cada vez que aparece el control de las autoridades alguien grita lawfare, toda forma de ejercicio de control podría ser irregular o no justificada”.

Y a pesar de que nació como un argumento de las izquierdas o los gobiernos populares en América Latina, en la actualidad gobiernos de distinto signo político apelan al lawfare para desestimar las denuncias en su contra. Los casos más llamativos son el de Álvaro Uribe, en Colombia, y Ricardo Martinelli, en Panamá.

“El recurso de la guerra jurídica busca desacreditar a un actor que tiene estar presente en todo momento, que es la Justicia, porque el control del uso de los recursos públicos es parte del diseño de la democracia occidental liberal”, indicó por su parte Arellano.

En la guerra entre la Justicia y la política, entonces, todo parece apuntar a una deslegitimación de ambos actores.

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