Tribunal Superior de Bogotá rechaza solicitud para suspender prisión domiciliaria de Álvaro UribeEricks Webs DesignEricks Webs Design

El Tribunal Superior de Bogotá rechazó este lunes la solicitud presentada por la defensa del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, para suspender de manera provisional la orden de prisipon domiciliaria dictada en su contra, tras haber sido sentenciado en primera instancia a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Uribe se declaró inocente.

En su decisión, el tribunal resolvió “no decretar la medida provisional” solicitada como medida cautelar, y precisó que contra este fallo “no proceden recursos”.

Pese a la negativa, la sala continúa evaluando de fondo la acción de tutela interpuesta por el equipo jurídico del exmandatario, mediante la cual buscan su libertad inmediata, argumentando presuntas vulneraciones a sus derechos fundamentales.

“No se accederá a decretar la medida provisional solicitada, lo cual en manera alguna significa que a partir de esta providencia se desprenda el sentido del fallo que se vaya a emitir cuando se resuelva la presente acción, el cual deberá estar precedido de los elementos de juicio que en forma oportuna habrán de allegarse”, señaló el tribunal en su pronunciamiento.

El abogado Jaime Granados, representante de Uribe, argumentó en la tutela presentada este lunes que la sentencia dictada el pasado 1 de agosto “transgredió derechos fundamentales como la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad” de su defendido.

La defensa del expresidente —quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010— solicitó la suspensión de la ejecución de la condena mientras avanza el proceso de apelación.

Uribe, de 73 años, fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria, a pagar una multa equivalente a alrededor de US$ 830.000 —2.420 salarios mínimos— y a ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La jueza Sandra Heredia también ordenó su detención inmediata, pese a que la sentencia será revisada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, que deberá emitir un fallo definitivo a más tardar en octubre.

El inicio del caso se remonta a 2012, cuando Uribe, del hoy opositor partido Centro Democrático, acusó al senador Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, de querer vincularlo con la creación de un grupo paramilitar. Desde entonces, Cepeda rechaza los señalamientos.

La situación dio un giro en 2018, cuando la Corte Suprema de Colombia determinó abrir una investigación contra Uribe por presunta manipulación de testigos.

Uribe sostuvo su inocencia a lo largo de todo el proceso, una postura en la que lo respaldaron políticos como el también expresidente Iván Duque y otros políticos de la oposición. En contraparte, figuras cercanas al Gobierno festejaron el fallo, que consideraron una muestra de justicia.

El expresidente y sus seguidores afirman que el proceso es una persecución y que es inocente. Sus detractores lo celebran como la caída merecida de un hombre acusado repetidamente de vínculos con paramilitares de derecha, aunque nunca había sido condenado.

Heredia amplió hasta el 13 de agosto el plazo para que la defensa de Uribe interponga formalmente el recurso de apelación.

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